Autor Tema: Darias la lía por 'racanear' mascarillas y test a los funcionarios que vuelvan a  (Leído 174 veces)

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Test de detección del Covid-19 solo en el caso de que sea prescrito por un facultativo y reparto de mascarillas y otro material de protección individual de forma "adecuada y proporcional al riesgo de cada puesto de trabajo". Tras una larga y tensa negociación con los sindicatos mayoritarios en el ámbito de la Función Pública -CSIF, CCOO y UGT-para acordar las condiciones de regreso al trabajo presencial de los empleados públicos, el Ministerio de Función Pública ha decidido desechar las prevenciones sindicales que exigían la realización de pruebas diagnósticas de manera masiva a todos los funcionarios que regresaran a su puesto de trabajo y que se garantizara del mismo modo equipos de protección individual (EPI) a todos ellos para minimizar el riesgo de contagio, y ha optado por limitar la utilización de ambos en función de criterios algo más restrictivos.

La decisión del Ministerio, plasmada en la 'instrucción sobre medidas y líneas de actuación en materia de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19 de cara a la reincorporación presencial del personal', ha desencadenado una salida en tromba de los sindicatos que acusan al Gobierno de exponer la salud de los empleados públicos a un riesgo innecesario y de regular unas condiciones de seguridad laboral y prevención de riesgos en la Administración Pública más livianas que las que el propio Ejecutivo exige al sector privado.

"El Gobierno pone en riesgo la salud del personal público de la Administración General del Estado", así, sin ambages, se despacha Comisiones Obreras en un comunicado emitido sobre el particular, en el que lamenta que el Ministerio de Función Pública haya decidido sacar adelante esa instrucción sin el acuerdo de los sindicatos y en el que advierte, también, de que las condiciones dispuestas en la instrucción no garantizan "la seguridad y la salud del personal" y ponen en riesgo "la continuidad en la prestación del servicio público".

Fuentes del sindicato consultadas por La Información afean al Ministerio el haber dispuesto normas que, desde su punto de vista, se sitúan por debajo de las recomendaciones realizadas por la autoridades sanitarias, regatear en aspectos como el establecimiento de mamparas en los puestos de atención al público, la obligación de implantar la cita previa, la restricción de los aforos o el reparto de equipos de protección individual o el obviar la necesidad de hacer alguna referencia al teletrabajo, que decenas de miles de funcionarios están realizando con sus propios medios tecnológicos y sin ningún tipo de recomendación en materia de prevención por parte de Función Pública.

"Es inadmisible que la autoridad sanitaria establezca una serie de obligaciones para el conjunto de las empresas, como por ejemplo la limitación del aforo máximo en función del área, y que éstas no sean exigibles en los centros de trabajo de la Administración", se quejan desde el sindicato.

Los focos de la polémica

La instrucción de Función Pública aclara que "la indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo". Fuentes de CSIF subrayan que los sindicatos eran partidarios de someter a test diagnósticos a todos los funcionarios que se reincorporen a la actividad presencial y, como mínimo, a todos aquellos que hayan estado contagiados o en cuarentena por su exposición al virus, una situación que afecta a más de 6.000 empleados públicos de la Administración del Estado. El asunto, sin embargo, no se ha recogido en el documento del Gobierno.

La norma marco aprobada por el departamento que dirige Carolina Darias también regula la distribución de equipos de protección individual de forma adecuada y proporcional al riesgo de cada puesto de trabajo, e insta a cada departamento a distribuir todos sus puestos de trabajo en función de tres niveles de riesgo. La normativa no aclara qué niveles sí recibirán EPI y cuáles no y deja cualquier decisión al respecto a lo que determinen las autoridades sanitarias, pero la mera distinción entre unos y otros ha indignado a los sindicatos que defendieron durante la negociación la necesidad de que esos elementos básicos de protección se distribuyeran con carácter general a todos los empleados públicos sin distinción. Hay que recordar aquí que ha habido empresas del sector privado que no han reanudado la actividad con la escasez de este tipo de dispositivos.

El otro gran foco de controversia es la habilitación de medidas de seguridad en los puestos de atención al público. Los sindicatos entienden que la instrucción gubernamental es demasiado general y regula como recomendaciones aspectos para los sindicatos entienden que deberían ser obligatorias en todos los departamentos, como la disposicion de mamparas de separación en los puestos de atención al público, la exigencia de cita previa para acudir a una oficina pública o las limitaciones de aforo, que el texto menciona pero no precisa. Los sindicatos habían exigido al Gobierno, asimismo, la obligatoriedad de que las personas que asistieran a una oficina de atención al público tuvieran que tener equipos de protección, bien porque los llevaran desde casa o bien porque se los proporcionaran en las mismas oficinas.

Regreso al trabajo progresivo y con diferentes niveles de protección

El Ministerio se justifica, a través de la instrucción, diciendo que la misma tiene por objeto establecer un mínimo común que garantice la homogeneidad en los distintos departamentos ministeriales y organismos públicos en el momento de la reincorporación a sus puestos de trabajo de los más de 100.000 trabajadores de la Administración del Estado, que, según los datos ofrecidos por el propio Ministerio, están desarrollando sus funciones desde casa prácticamente desde que se decretó el 'estado de alarma'.

El Gobierno deja sentado que esa reincorporación, para la que no pone fecha y que ni siquiera ha deslizado en la mesa de negociación con los sindicatos, ha de ser gradual y progresiva y que no afectará a una serie de colectivos sensibles, entre los que menciona las personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares -incluida la hipertensión-, enfermedades pulmonares crónicas, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mujeres embarazadas y mayores de 60 años.

Regula, asimismo, que en tanto se vuelva a la auténtica normalidad se adoptarán medidas de flexibilidad horaria, que afectarán tanto a las horas de entrada y salida -para evitar aglomeraciones- como a los turnos de trabajo, un elemento hiperregulado en el ámbito de la Administración. También habla de mantener el teletrabajo, en línea con la recomendación del Gobierno, aunque difiere su regulación a algún momento en el futuro.

El establecimiento de las medidas específicas de prevención las deja a cada unidad o departamento, pero establece algunos principios básicos. Por ejemplo, los empleados y empleadas públicas que presenten síntomas preocupantes no deberán ir a trabajar, se deberá garantizar la disponibilidad de agua, jabón y toallas de papel para asegura una correcta higiene de manos, se tendrá que extremar la limpieza en los centros de trabajo y renovar de forma más habitual la climatización, se habilitarán "en la medida de lo posible" canales de entrada y salida del trabajo diferenciados, se marcarán elementos como los ascensores para garantizar la distancia social de seguridad y se dispondrán aforos limitados en espacios como comedores y cafeterías.

SOS IT Txartela


 


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